El gobierno del Estado evitará que participen extranjeros en la licitación de la Plataforma Logística de Yucatán, pues empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) han solicitado ser tomados en cuenta para este proyecto, declaró la Secretaria de Fomento Económico, Diana Castañeda Medina.
Sin embargo, debido a que 300 de las 350 hectáreas destinadas a esos planes carecen del permiso de uso de suelo correspondiente, la Plataforma Logística de Yucatán es un proyecto que deberá esperar un poco más de tiempo para que sea concretado.
Castañeda Medina dijo que es el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán el que gestiona ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente el permiso de uso de suelo industrial para esos terrenos ubicados en la carretera Mérida-Progreso, pero el trámite tardará unos meses más.
La funcionaria indicó que muy probablemente “se haga algo este año” en las 50 hectáreas que ya tienen el permiso de uso de suelo de tipo industrial, pues ya hay empresarios de la Canacome interesados en el asunto, incluso desde que estaba en funciones la directiva que encabezó Humberto Espinosa en esa organización.
La nueva directiva de la Canacome ha reiterado que desean invertir y gestionar la Plataforma Logística de Exportación, de modo que “nada de extranjeros”, sino que “vamos a darle la oportunidad aquí a los empresarios locales”.
Además, se ha acordado que en conjunto se haga la promoción del proyecto, agregó la funcionaria.
La decisión de no repetir el esquema que Patricio Patrón Laviada intentó para este asunto indica que al menos esta administración prefiere ser cautelosa, pues se sabe que las Plataformas Logísticas de Exportación, con sus correspondientes “zonas francas”, que buscan agenciarse a toda costa y en todo el mundo empresarios españoles y asiáticos, constituyen territorios propicios para el contrabando y el tráfico de drogas a gran escala.
Esto lo advirtió POR ESTO! desde 2005, cuando el entonces desgobernador Patricio Patrón Laviada intentó entregar la Plataforma Logística de Yucatán al mismo grupo barcelonés que opera la Terminal de Contenedores de Progreso.
Ahora, un lustro después, la reciente detención de José Mestre Fernández, señalado como uno de los principales responsables del tráfico de cocaína en contenedores, confirma la advertencia de POR ESTO!
Mestre Fernández operó con toda impunidad durante cierto tiempo hasta que la Policía Nacional de España decomisó esta semana una tonelada de cocaína en Cataluña y Andalucía y arrestó en Barcelona a quince personas por tráfico de droga, entre ellas a Mestre Fernández, director de la Terminal de Carga del Puerto de Barcelona y presidente del Grupo Mestre, así como de la empresa portuaria Tercat.
El empresario se consideraba intocable porque Tercat forma parte de Hutchison Port Holdings y es el principal competidor de Terminal de Contenedores de Barcelona, a la cual Patricio Patrón Laviada entregó, por órdenes de Vicente Fox Quesada, la operación a 20 años, con opción a otros 20, de la terminal de Progreso de Castro.
En el 2005, cuando estaba en marcha la entrega de estas posiciones estratégicas, POR ESTO! advirtió que la Península de Yucatán se transformaba, a paso acelerado, en un inmenso santuario del crimen organizado.
Se precisó que Patrón Laviada tenía intenciones de entregar a un solo grupo dominado por el clan catalán Maragall-Garrigosa-Pujol, no sólo la Terminal de Contenedores de Progreso, sino la “Plataforma Logística de Exportación”, para hacer una “zona franca” en la que las posibilidades de operación del crimen organizado serían totales y sin molestia alguna.
Ahora se sabe que Patrón Laviada entregó al Grupo TCB la concesión de la Terminal de Contenedores de Yucatán desde finales de 2004, pero no alcanzaron a concretar la “Plataforma Logística de Exportación”, proyecto que quedó pendiente, aunque el actual gobierno del Estado pretende reactivarlo.
Un diario español publicó la siguiente historia sobre Mestre, para que se note que se trataba de un empresario acaudalado que jamás imaginó ser arrestado:
—Don José, perdone que le moleste. Pero necesitamos que venga a la nave donde estamos abriendo el contenedor sospechoso. Tenemos un problema con un empleado de su empresa.
—Sí. ¡Faltaría más! Ahora voy. Estoy en mi despacho, pero tardo unos minutos.
El que atendía tan solícito a la llamada era José Mestre Fernández, de 53 años, director de la terminal de carga de Barcelona y dueño o socio de un conglomerado de 64 empresas. Y quien estaba al otro lado del teléfono era uno de los inspectores de la Brigada Central de Estupefacientes. Poco antes, los policías habían requerido la ayuda de Mestre para que les facilitara un local en el que abrir un contenedor de chatarra llegado de Panamá en la madrugada del pasado 22 de junio. Los agentes tenían la firme sospecha de que el contenedor llevaba algo más que hierros viejos: un cargamento de cocaína.
—Inspector, ¿qué sucede? ¿Con cuál de mis empleados tienen un problema?
—El problema es usted. Tenemos que detenerle. Mire lo que hay dentro de ese contenedor. Es cocaína. Y poseemos indicios para creer que usted tiene relación con una organización de traficantes.
—Voy a llamar a...
El policía no dejó terminar la frase a Mestre. Acto seguido le rogó que pusiera sus manos a la espalda para esposarle. Al sentir el frío metal en sus muñecas, el rico y poderoso empresario hizo un mohín de disgusto, pero se dejó llevar mansamente hasta el coche patrulla. Él, que tenía como amigos a personas del más alto nivel, se veía en esta situación por culpa de las 10 bolsas de deporte cargadas con 202 kilos de cocaína ocultas entre la chatarra. Él, que el pasado 25 de mayo había recibido de manos del presidente de la Generalitat, José Montilla, el premio que le acredita como “mejor empresario nacional del año” en el sector de logística.
El arresto de Mestre y 14 personas más era el punto final de la Operación Guadaña, una compleja investigación iniciada en agosto de 2009 por el Grupo 42º de la Brigada de Estupefacientes y el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado de Galicia (GRECO). Desde entonces, el caso estuvo bajo la supervisión del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional.
El hilo inicial de las pesquisas fue Higinio Alonso Agudo, de 72 años, dueño de un entramado empresarial del que forma parte Chatarras Cano, una firma dedicada a la comercialización de metales y chatarrería. Sin embargo, los policías sospechaban que esa empresa era una tapadera de otro tipo de actividades delictivas, contando para ello con un almacén alquilado en Campo Real, a 20 kilómetros de Madrid.
Siguiendo el rastro de Alonso, que tiempo atrás había sido detenido en Holanda por narcotráfico, los investigadores detectaron al colombiano Olmer Valencia Tabares, de 52 años. Este ex torero, residente en Madrid, supuestamente servía de enlace con un grupo de suministradores de droga presuntamente liderados por Héctor Murillo Rivera, un mexicano de 42 años.
El pasado enero, Valencia viajó a Panamá y se reunió con Murillo para perfilar la puesta en marcha de un negocio conjunto, según la policía. Dos meses después sería Murillo quien se desplazara a España para comprobar la infraestructura logística, de transporte, almacenaje y distribución de la mercancía. Y fue entonces, a mediados de marzo, cuando saltó la sorpresa: los agentes antidroga vieron cómo el tal Murillo se reunía en la terraza de un hotel de Barcelona con un hombre trajeado, que resultó ser José Mestre. Nada más y nada menos.
Con lo anterior, se entiende que en el caso del puerto de Progreso, Patrón Laviada buscaba al grupo TCB y a Balam 2004, pues como ya indicamos, Garrigosa era ni más ni menos que el cuñado de Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de Barcelona, lo que le aseguraba operar con impunidad, y así controlar la zona franca de la Plataforma Logística, como ocurría en el caso de Mestre.
(Rafael Gómez Chi)